El panorama de la vigilancia tecnológica en Texas ha dado un giro radical tras la decisión del gobernador Greg Abbott de congelar el financiamiento estatal para los sistemas Flock Safety. Hasta la fecha, al menos 900 cámaras de lectura automática de matrículas han sido desconectadas en todo el estado, luego de que el mandatario ordenara a las agencias pausar el uso de recursos públicos para estos equipos. Esta medida ha afectado directamente a 14 ciudades y condados, incluyendo puntos clave como el condado de Harris, donde se desactivaron 61 dispositivos en medio de un clima de creciente escrutinio sobre la privacidad y el uso de inteligencia artificial en la vigilancia masiva.
La interrupción de los subsidios, que sumaban unos 30 millones de dólares a nivel estatal, ha dejado a los gobiernos locales frente a un complejo dilema financiero. Mientras metrópolis como Houston y Dallas intentan sostener parte de sus redes con presupuestos propios, otras localidades como Plano y el condado de Kendall han optado por rescindir sus contratos. El caso de Laredo es emblemático: el ayuntamiento someterá a un referéndum no vinculante en mayo la decisión de invertir un millón de dólares anuales para mantener operativos sus 165 lectores, una carga económica que el alcalde Victor Treviño considera debe ser validada por los contribuyentes locales.
Además del impacto presupuestario, la orden de Abbott ha frenado la expansión de esta infraestructura al prohibir al Departamento de Transporte de Texas emitir nuevos permisos para la instalación de lectores en rutas estatales. Este freno responde a una intensa controversia liderada por figuras como el congresista Joaquín Castro, quien ha calificado esta tecnología como una amenaza a la seguridad nacional debido a la vulnerabilidad en el almacenamiento de datos. Aunque las fuerzas de seguridad defienden las cámaras como herramientas vitales para resolver delitos, el apagón masivo marca un punto de inflexión en el debate sobre los límites de la vigilancia policial y la transparencia en el manejo de información ciudadana.