La Corte Suprema de Justicia de Tucumán despejó el camino para resolver la controversia legal sobre la reforma judicial al rechazar las solicitudes de excusación de los vocales Daniel Posse y Claudia Sbdar. A través de la sentencia N° 1476, el máximo tribunal provincial desestimó los planteos de los magistrados, quienes pretendían apartarse de la causa alegando haber participado en la firma de acordadas reglamentarias para implementar la Ley 9.987. Con esta resolución, firmada por Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos, el expediente impulsado por los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur queda finalmente en condiciones de ser resuelto por la composición plena de la Corte.
En su fundamentación, el tribunal sostuvo que las funciones administrativas de organización judicial son independientes de la facultad jurisdiccional de control constitucional. El fallo subraya que la aplicación de leyes vigentes es una obligación del Poder Judicial sujeta al principio de legalidad y no implica un prejuzgamiento sobre la validez de la norma. Según el criterio de los magistrados firmantes, no existen elementos objetivos que afecten la imparcialidad de Posse y Sbdar, enfatizando que las causales de recusación deben interpretarse de manera restrictiva para garantizar la vigencia del principio del juez natural.
La demanda, encabezada por el constitucionalista Christian Alberto Cao, apunta contra los artículos centrales de la reforma que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Penal. Las entidades profesionales cuestionan, entre otros puntos, la introducción de competencias materiales múltiples, la delegación de facultades extraordinarias en la Corte y la eliminación de la asistencia letrada obligatoria en procesos de consumo ante la justicia de paz. Con el tribunal ya ratificado, la justicia tucumana deberá dictaminar ahora sobre el fondo de una impugnación que denuncia una afectación estructural al sistema de designación de magistrados y a las garantías de los ciudadanos.