El Río Salí, que hace apenas cinco décadas era el epicentro recreativo y pesquero de Tucumán, enfrenta hoy una crisis sanitaria sin precedentes. Estudios realizados en 2026 por la Estación Experimental Obispo Colombres (Eeaoc) revelaron que, en zonas críticas como el puente Barros, la presencia de bacterias coliformes fecales supera hasta 2.400 veces los límites legales permitidos. Lo que solía ser un balneario de aguas cristalinas donde se pescaban dorados es ahora un cauce degradado por el vertido incesante de efluentes industriales y cloacales sin tratamiento, consolidándose como la segunda cuenca más contaminada de Argentina según expertos locales.
Especialistas como el biólogo Martín Sirombra y el ambientalista Sergio Pérez advierten que esta tragedia ambiental es el resultado de décadas de inacción y falta de controles sobre la actividad citrícola, azucarera y la expansión urbana desordenada. A pesar de las alertas técnicas que el ingeniero Antonio García ya planteaba en 1996, la biodiversidad ha sido aniquilada, dejando un escenario donde los pescadores extraen presas con ‘olor a gasolina’. La desconexión social con el entorno ha normalizado la acumulación de basura en los márgenes, transformando los accesos a San Miguel de Tucumán en focos de infección que golpean la salud pública y el potencial turístico de la región.
La recuperación del Salí no admite más operativos de limpieza superficiales ni promesas aisladas. Organizaciones como Tucumanos en Acción y Meta Tucumán, lideradas por referentes como Alejandro Gómez y Alba Herrera, denuncian que la situación permanece estancada desde 2019 debido a la falta de políticas estructurales permanentes. Revertir este colapso exige un pacto integral que combine el tratamiento de efluentes, la gestión de residuos y una planificación urbana que deje de dar la espalda al río. Solo mediante un compromiso conjunto entre el Estado, la industria y la sociedad civil, Tucumán podrá saldar su mayor deuda ecológica y devolverle la dignidad a su principal curso de agua.