La comunidad del Colegio San Pablo Apóstol se encuentra conmocionada tras una masiva protesta estudiantil que exige la expulsión inmediata de un alumno acusado de utilizar inteligencia artificial para crear y comercializar cerca de 270 imágenes pornográficas falsas de sus compañeras. El material, descubierto inicialmente en el teléfono del sospechoso, habría sido vendido de forma interna y posteriormente ofrecido a terceros a través de la plataforma OnlyFans. Esta situación ha provocado que las víctimas, afectadas por cuadros de ansiedad y ataques de pánico, se vean imposibilitadas de asistir a clases, mientras el acusado permanece apartado del establecimiento.
Durante la manifestación en la plaza principal, los estudiantes denunciaron que el joven ya contaba con un historial de conductas inapropiadas y acoso físico reportado desde primer año, denuncias que habrían sido desestimadas por las autoridades ante una supuesta falta de pruebas materiales. El clima de indignación creció cuando la institución, representada legalmente por Carlos Fernández, informó que la normativa vigente les impide la expulsión directa, ofreciendo en su lugar la modalidad de educación remota para el señalado. Los compañeros cuestionan esta medida, señalando la injusticia de que el agresor continúe su formación mientras las damnificadas cargan con el estigma de la exposición pública.
El conflicto ha escalado a niveles institucionales con la intervención del Ministerio de Educación, el Arzobispado y gabinetes psicopedagógicos especializados. A pesar de los intentos de las autoridades por mantener la cautela, los estudiantes critican la resistencia inicial de los directivos para escuchar sus testimonios y la falta de protocolos efectivos ante delitos digitales. Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación de organismos competentes, mientras la comunidad educativa demanda medidas ejemplares que garanticen la seguridad y la integridad de las alumnas afectadas.