El Ministerio Público Fiscal de Tucumán ha asestado un golpe decisivo contra una sofisticada organización criminal que, bajo la fachada de la empresa ‘Constru Servicios S.A.S.’, habría perpetrado un desfalco superior a los $1.000 millones. La red delictiva, que operaba desde 2021 con oficinas en Yerba Buena y la capital provincial, captaba a sus víctimas mediante redes sociales ofreciendo terrenos de los que no poseían titularidad y contratos de construcción ‘llave en mano’ que nunca se ejecutaban. La fiscalía, dirigida por Diego Alejo López Ávila, sostiene que la banda utilizaba una estructura empresarial legítima para generar confianza y ejecutar maniobras de estelionato y fraude financiero con cheques sin fondo.
La investigación reveló un esquema de engaño sistemático donde los implicados no solo vendían lotes en litigio, sino que también exigían pagos mensuales por servicios de mantenimiento inexistentes. Para evitar las escrituraciones, los líderes de la firma recurrían a una cadena de excusas personales y profesionales hasta que finalmente cortaban todo contacto con los damnificados. El impacto de la estafa se extendió también al sector financiero y de proveedores, quienes entregaron capital y materiales de construcción atraídos por una solvencia aparente que resultó ser un circuito de despojo colosal.
Tras una serie de allanamientos, cuatro sospechosos fueron detenidos, incluyendo al presunto cabecilla y a un efectivo de una fuerza de seguridad nacional. Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Augusto Paz Almonacid dictó la prisión preventiva para los imputados bajo los cargos de asociación ilícita, estafas reiteradas y desbaratamiento de confianza. El fiscal López Ávila enfatizó que las obras fueron abandonadas y el perjuicio económico es devastador, dejando a decenas de familias sin sus ahorros y sin la vivienda prometida.
El abogado querellante, Juan Guerrero, advirtió que la causa se encuentra en una etapa inicial y que los 14 hechos denunciados hasta ahora representan apenas ‘la punta del iceberg’. Se espera que en los próximos días se sumen nuevos testimonios y evidencias digitales que podrían ampliar el número de imputados y víctimas. Este caso pone de relieve la vulnerabilidad del mercado inmobiliario digital, donde, según expertos, una gran parte de las operaciones fraudulentas se gestan a través de publicidad engañosa en plataformas sociales para atraer a inversores desprevenidos.