El Ministerio Público Fiscal de Tucumán ha propinado un golpe decisivo a una sofisticada organización criminal acusada de ejecutar un fraude inmobiliario y financiero que supera los $1.000 millones. Bajo la fachada de la firma ‘Constru Servicios S.A.S.’, la red captaba víctimas a través de redes sociales ofreciendo terrenos y viviendas ‘llave en mano’ en zonas exclusivas como Yerba Buena. Sin embargo, la investigación liderada por el fiscal Diego Alejo López Ávila reveló que los inmuebles no pertenecían a los vendedores o estaban en litigio, dejando a decenas de familias sin sus ahorros y sin respuestas.
El ‘modus operandi’ combinaba la venta fraudulenta de lotes con un esquema de financiamiento basado en cheques sin fondo, utilizado para engañar tanto a inversores particulares como a proveedores de materiales. Según la querella, los implicados mantenían el engaño mediante una estructura empresarial aparente y oficinas físicas, llegando incluso a cobrar cuotas mensuales por el mantenimiento de terrenos ajenos. Cuando los compradores exigían las escrituras, los sospechosos dilataban los trámites con excusas constantes hasta que finalmente cortaban toda comunicación, dejando obras abandonadas y un tendal de deudas.
Tras una serie de allanamientos, la justicia dictó la prisión preventiva para cuatro imputados, entre los que se encuentran el presunto cabecilla de la banda y un integrante de una fuerza de seguridad nacional. El juez Augusto Paz Almonacid formalizó cargos por asociación ilícita, estafas reiteradas y estelionato, en una causa que ya acumula 14 hechos probados. El abogado querellante, Juan Guerrero, advirtió que el proceso recién comienza y que la cantidad de damnificados podría aumentar significativamente, calificando el caso como uno de los desfalcos más colosales investigados recientemente en la provincia.